Desde la crisis de 2008 hemos visto cómo los salarios disminuyen, las condiciones laborales empeoran y los servicios públicos han sido recortados y privatizados. Paralelamente, los bancos han sido rescatados por el Estado y las grandes empresas han incrementado sus ganancias, tanto en Aragón como a nivel estatal.
La crisis del COVID-19 ha acelerado de forma drástica una recesión económica ya anunciada, evidenciando la necesidad de aumentar el gasto social en lugar de dedicar más dinero a salvar empresas con beneficios o que tributan en paraísos fiscales.
¿Cómo se va a pagar la factura de la crisis? ¿Seremos las clases populares las paganas de siempre? Quieren endeudarnos socializando pérdidas y, como hasta ahora, excluyéndonos de los beneficios.
Esto no puede seguir así. Es inaceptable que una minoría rica sea sostenida por la pobreza de una mayoría. No queremos más austeridad ni endeudar más nuestro futuro. Que esa minoría peligrosa nos devuelva todo lo que nos pertenece y nos han robado.
Por todo ello, lanzamos desde Anticapitalistas la campaña confederal #QuePaguenLosRicos.
En Aragón, la consecución hasta hoy de diferentes gobiernos ha ido desarrollando un modelo de gestión de servicios públicos que enriquece a las élites en detrimento de un mayor acceso y calidad, a la vez que se reducen en las administraciones los ingresos por impuestos dirigidos a los que acumulan más riqueza.
Que el 90% de las muertes a consecuencia de la COVID-19 se hayan producido en las residencias de mayores es un claro ejemplo. Varios centros han tenido que ser intervenidos por el gobierno y todavía no conocemos la magnitud del desastre. El 70% de las plazas aragonesas son privadas, un negocio concentrado en unas pocas empresas que genera beneficios a costa de la reducción de derechos laborales, bajos salarios y recortes en la atención y salud de nuestros abuelos y abuelas.
El otro gran negocio es el de la sanidad privada. Pareciera que la pandemia del Coronavirus hubiera hecho cambiar las prioridades, reforzándose la sanidad pública, haciéndola universal y aumentando su calidad. Pero no, lejos de ello, poco ha tardado Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza (PP), en anunciar otro pelotazo urbanístico y sanitario con la venta de suelo público para la construcción de un nuevo macro-hospital privado. Los aspirantes a gestionar este negocio son el Grupo Quirón y el grupo Ribera Salud, que se frotan las manos por los beneficios que les aportará esta operación a costa de la salud de la mayoría y de los ingresos de los conciertos sanitarios del Gobierno de Aragón.
Este gobierno aragonés, encabezado por Javier Lambán (PSOE), ha anunciado como uno de sus elementos estrella en esta legislatura la implantación de 3 centros de datos de Amazon (Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro). Quedan muchas dudas por resolver sobre cuántos puestos de trabajo se crearán y de dónde se obtendrá, y a costa de qué, la enorme cantidad de energía exigida por la multinacional. Lo que sí conocemos la premura con la que ha sido declarado Proyecto de Interés General de Aragón para así acelerar plazos y saltarse trabas administrativas, al contrario de lo que hacen con cualquier otro proyecto pequeño que inicia su andadura. También sabemos de Amazon que paga pocos impuestos en el Estado español debido a su ingeniería fiscal: de los 500 millones de euros de facturación en 2018, pagó la ridícula cantidad de 3,76 millones de euros.
No es la primera vez que importantes empresarios llegan a Aragón con proyectos estrella. Destacable fue la creación del macro-matadero de Binéfar, que se anunció a bombo y platillo a pesar de ser conscientes de las causas abiertas a sus propietarios en su país de origen y estar el proceso lleno de irregularidades. Durante la pandemia del COVID-19, dicho matadero ha sido foco de más de 1.000 contagios debido a la escasez de medidas de seguridad y la precariedad laboral impuesta a la plantilla.
A todo esto se suma la falta de ingresos necesarios para aplicar las medidas de choque que permitan amortiguar la drástica situación social derivada de la crisis del COVID-19 que muchas personas ya están sufriendo. No parece que las intenciones del Gobierno de Aragón sean pasar la factura a los ricos, sino más bien hacer que la paguen las clases trabajadoras a través de deuda pública y recortes. Ya en la legislatura pasada se reformó el impuesto de sucesiones, que sólo afectaba al 10% más rico de Aragón, lo que ha supuesto la reducción de 36 millones de euros en 2019 en ingresos. Los impuestos más justos, los progresivos, se reducen al antojo de las élites económicas y sus políticos cómplices.
Es necesario conocer a las grandes fortunas aragonesas y sus patrimonios:
- Familias Balet y Aragüés: 1.820 M€ | Saica (cartonaje).
- Ángel Luengo: 1.490 M€ | Samca (minas, fincas frutícolas).
- Alfonso Soláns: 400 M€ | Pikolín (camas, colchones).
- Pilar Muro: 290 M€ | ex Grupo Quirón (sanidad privada).
- Miguel Carreras: 210 M€ | Transportes Carreras.
- Familia Samper: 200 M€ | Forestalia – Grupo Jorge (renovables, industria cárnica y agraria).
- Generoso y Atilano Martín: 170 M€ | Tervalis (piensos, abonos y fertilizantes).
- José María Costa: 165 M€ | Grupo Costa (industria cárnica y agraria).
- César Alierta: 145 M€ | Ex-presidente de Telefónica y accionista del Real Zaragoza.
- Familia Yarza: 110 M€ | Grupo Henneo – Heraldo.
Estas pocas familias y personas acaparan toda esta riqueza y patrimonio a través del expolio de las clases populares (explotación laboral, elusión y evasión fiscal). Es hora de que lo devuelvan. Que paguen los ricos, también en Aragón.
Artículos en prensa relacionados con la campaña:
