Comunicado de Anticapitalistas
1: COVID-19 y políticas de Salud Pública
Tras más de 9 meses desde el inicio de la pandemia, estamos sufriendo la segunda ola de la COVID-19 con un sistema sanitario y de salud pública que, al no haber sido reforzado lo necesario, y partiendo de una base debilitada, vuelve a estar saturado.
Se ha extendido la visión estigmatizante de que el rebrote de la pandemia se debe a la conducta insolidaria de ciertos colectivos como la juventud, quienes se dedican a la economía informal, barrios obreros, migrantes, etc. La perspectiva gubernamental y mediática centrada en la conducta y responsabilidad individual ignora la desigualdad existente en nuestra sociedad, que la pandemia profundiza.
Se han potenciado las medidas coercitivas frente a mejorar los recursos sanitarios y de renta básicos, para poder llevar a cabo el aislamiento de los contagios y frenar la extensión de la COVID-19. La ciencia y los científicos son imprescindibles para salir de la crisis de salud, pero no son suficientes, ya que se debe incorporar la perspectiva de la Salud Comunitaria, y la necesaria participación de la comunidad. Se siguen sin prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, o impedir el corte de suministro eléctrico y de gas por impago por pobreza sobrevenida, o asegurar los cuidados adecuados de personas con diversidad funcional, tanto en sus viviendas como en las residencias.
Supone una negligencia por parte de las autoridades no atender las necesidades de colectivos vulnerables para evitar que deban salir a buscarse la vida a costa de aumentar el riesgo para su salud y la de las demás personas. Las colas del hambre se han extendido, y las ayudas sociales no llegan a la mayoría de quienes lo necesitan. No basta decretar el Ingreso Mínimo Vital, que no es la solución a la pobreza, hay que hacer que éste llegue a quien lo necesite.
Es prepotencia de las autoridades ignorar a los agentes sociales y comunitarios para detectar las carencias sociales y las maneras de abordarlas. Como bien lo indica el manifiesto COVID 19: Una respuesta comunitaria para una pandemia social 1 es posible y necesario incluir el enfoque “centrado en la Salud Comunitaria, el empoderamiento y la participación activa de la ciudadanía. Un enfoque que disminuiría contagios y aplanaría la curva”.
2: Sanidad Pública ante la 2º ola de la pandemia:
Se extiende un malestar creciente en la población ante las barreras en el acceso a las consultas presenciales no-COVID en los Centros de Atención Primaria. Se evidencia el colapso del sistema por las enormes trabas en conseguir cita telemática o telefónica, pruebas pendientes o retrasos de los controles médicos de enfermedades crónicas, en intervenciones quirúrgicas o visitas hospitalarias.
El personal sanitario especialmente en Atención Primaria, está indignado por tener una agenda sobrecargada con una consulta telefónica hipertrofiada en detrimento de la asistencia presencial. Se asumen funciones de rastreo que no les corresponde y se posterga el control de pacientes No-Covid con patología crónica, algo que está empeorando la salud y produciendo un exceso de sufrimiento y mortalidad en la población.
Las médicas, enfermeras, auxiliares, administrativas y el resto de personal se sienten abrumadas por la sobrecarga de trabajo, no consiguen llegar a todo, y les invade la frustración y el estrés ante un situación agobiante que no parece ser comprendida por la sociedad ni por las administraciones.
El maltrato durante las últimas dos décadas a la Sanidad Pública lo ha afrontado el personal de los Servicios de Salud de las CCAA con precariedad y pérdida de derechos, y lo ha padecido la población con consultas masificadas y aumento en listas de espera.
La mayor debilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) es contar con una plantilla escasa, envejecida, con alto grado de precariedad – más de un 30% -, y sobrecargada de trabajo asistencial. Una plantilla desmotivada y machacada por la famosa tasa de reposición 2y el techo de gasto, impuestos por los recortes de gasto público en aras del equilibrio presupuestario para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Dos hechos son básicamente los que han debilitado el SNS: privatizaciones –que desvían fondos públicos a beneficios empresariales– y recortes presupuestarios. Eso es lo que ha llevado a menos plantillas, y menos inversión en infraestructuras y material. La Atención Primaria es en la actualidad el eslabón más débil, junto a la Salud Pública, con riesgo acusado de implosión y colapso, no solo coyuntural sino como modelo sanitario.
3: Sanidad Privada
Décadas de debilitamiento de la Sanidad Pública han favorecido el negocio de la sanidad privada, al estimular la migración de las capas medias de la población a contratar un aseguramiento privado complementario. Así, la desigualdad también ha crecido en la asistencia sanitaria.
Ante la grave crisis provocada por el coronavirus vemos cómo las compañías de la sanidad privada intentan sacar las mayores y más rápidas ganancias de la peor crisis sanitaria, y exigen a las administraciones garantías que aseguren su rentabilidad. El gobierno estatal y los gobiernos autonómicos se inhiben de controlar todos los recursos sanitarios para afrontar la emergencia sanitaria. La rentabilidad guía a la privada, lo que la ha llevado a implicarse en estrategias de pruebas diagnósticas que no están avaladas por la comunidad científica, ni siguen las orientaciones de Salud Pública, mientras hacen caja de las derivaciones de pacientes que les envía la Sanidad Pública.
Es necesario que los gobiernos central y autonómicos refuercen con urgencia la Sanidad Pública con personal y medios, pero si el Sistema Nacional de Salud vuelve a colapsar, se debería exigir el uso de los recursos privados allí donde sean necesarios, sin pago por ello a las empresas privadas. Así, miles de profesionales y centenares de camas, estarían disponibles para atender las necesidades de salud de la población.
4: Un decreto de medidas urgentes y extraordinarias
El gobierno central, presionado por la 2º ola de la pandemia y el aumento de la demanda sanitaria asistencial en las CCAA, ha implantado el RD Ley 29/2020, de 29 de septiembre , de medidas urgentes de teletrabajo en las administraciones pública y de recursos humanos en el SNS para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.3 Sus medidas más destacadas en el ámbito sanitario pasan por flexibilizar criterios de contratación de personal y establecer la movilidad geográfica y funcional del personal estatutario, funcionario y laboral.
Cuando falta personal no podemos estar de acuerdo con contratos precarios, ni con la movilidad obligatoria sin la participación de las trabajadoras y sus representantes. Se tiene que contratar en condiciones dignas y ser un puente para mejoras estructurales. Consideramos que algunas de estas medidas pudieran estar justificadas en la primer ola, pero ahora son injustificables porque se han tomado tarde, sin transparencia ni participación, y sin incluir otras medidas que puedan tener más recorrido estructural y no solo transitorio.
Las medidas implantadas se han tomado tarde porque llevamos 7 meses de pandemia, donde las autoridades han corrido siempre detrás del virus, sin anticiparse a escenarios previsibles, sin establecer indicadores claros, ni fijar criterios de desescalada consensuados.
5: La respuesta de sindicatos y colectivos profesionales
La justificación de estos cambios por el gobierno central es la gravedad y urgencia de la situación., pero la mayor gravedad y urgencia fue en marzo. Las medidas tendrán que aplicarlas los gobiernos autonómicos. Las previsibles consecuencias del decreto han sido rechazadas por sindicatos y colectivos profesionales, que han visto cómo cambian condiciones laborales con ausencia de negociación y falta de transparencia. Las consideran parches sin propuestas estructurales que fortalezcan el Sistema Nacional de Salud.
En este escenario, éstas han convocado movilizaciones y acciones, algunas unitarias y otras no, pero que coinciden en numerosos puntos reivindicativos. Pese a la desconfianza que nos generan las reiteradas claudicaciones de grandes sindicatos como CCOO, los sesgos corporativos de la CESM (sindicato médico mayoritario a nivel estatal), o los enfoques estrechos de la CSIF, muchas de las reivindicaciones están justificadas y merecen nuestro apoyo. Consideramos adecuadas y necesarias muchas de ellas, como el de aumentar el presupuesto de sanidad destinando el 25% a la Atención Primaria, quitar la tasa de reposición, mejorar la calidad del empleo y acabar con la precariedad.
6: Los cuidados
La pandemia golpeó brutalmente a la población ingresada en residencias, que padeció una alta mortalidad debido a su especial vulnerabilidad a la enfermedad, potenciada por unos cuidados insuficientes con pobre atención sanitaria. Como señala Amnistía Internacional 4 esta población sufrió violación de sus derechos fundamentales: el derecho a la salud, porque se les negó la asistencia sanitaria adecuada. El derecho a la vida, el derecho a la no discriminación por su edad, el derecho a ver a sus familiares, por el aislamiento sufrido y finalmente el derecho a una muerte digna, por la incomunicación y abandono que sufrieron los contagiados.
Una situación motivada por plantillas infradimensionadas, mal remuneradas, sobrecargadas de trabajo y con elevada precariedad. Hoy en la segunda ola, crecen los contagios entre residentes y trabajadoras de estos centros, y hay riesgo de que se vuelvan a producir tragedias como las vividas anteriormente. Pero la insuficiencia de los cuidados no solo afectó a las residencias privadas, donde priman las ganancias empresariales sobre la salud y bienestar de las personas residentes.
También la Pandemia afecta a las personas mayores que viven en domicilios particulares, y que para su cuidado cuentan con familiares, generalmente mujeres, que han debido reforzar su ayuda, teniendo que cumplir una doble o triple jornada de trabajo.
O cuando se externaliza el cuidado a través de trabajadoras habitualmente migrantes, frecuentemente sin contrato y sin seguro, que han sufrido por partida doble la vulnerabilidad.
Es necesario reforzar los servicios públicos y las prestaciones a las trabajadoras del hogar y cuidadoras, para que la pandemia no empeore la desigualdad de género existente.
7: De la Comisión de Reconstrucción a los Presupuestos 2021
De julio a diciembre pasamos del buenismo retórico de la Comisión de Reconstrucción del Congreso a las partidas de sanidad de los PGE 2021. Las conclusiones de la comisión de reconstrucción para la Sanidad y Salud Pública fueron decepcionantes. En aras de un falso consenso parlamentario se evitó reconocer y analizar las causas que debilitaron a nuestro Sistema de Salud.
Se han alzado voces como la de la Alianza por una Sanidad Pública y Universal que critican que “el Dictamen final de la Comisión no estuvo a la altura de las expectativas, obviando algunas cuestiones claves.”. 5 Se ha perdido la oportunidad de sentar las bases de una política farmacéutica sostenible y justa que prime el derecho a la salud de la población frente al monopolio de las patentes y los privilegios de la industria farmacéutica y se ignoró la necesidad de crear una industria pública de medicamentos y productos sanitarios que no dependa del mercado 6.
Lo tímido de lo avanzado por la Comisión se hace patente en el punto 73 sobre adecuar la financiación sanitaria a las necesidades reales cuando postergan el objetivo de alcanzar la inversión en Sanidad Pública a la media europea para el final de la legislatura.
Mientras en la crisis del 2008 se rescató a la banca con decenas de miles de millones de euros, de urgencia, porque el consorcio de especuladores era “ demasiado grande para caer”, ahora que estamos en la mayor crisis sanitaria del siglo y que la pandemia ha desnudado las carencia del SNS se posponen las soluciones que necesitan de una fuerte inyección presupuestaria.
Ya tenemos los PGE 2021 y podemos sostener que no garantizan una Sanidad y Salud Pública universales y calidad. Se dejan atrás los presupuestos de Montoro, y se incorporan al Presupuesto del Ministerio de Sanidad más de 3000 millones de € respecto al ejercicio anterior, aunque no se puede obviar que estos depende de los fondos europeos que tienen condicionalidades. Hay avances pero son claramente insuficientes para recuperar una Atención Primaria al borde del colapso y una Salud Pública en pañales.
Los 1089 millones de euros destinados a la reforma de Atención Primaria y Comunitaria son una gota de agua en un océano de carencias7.Tampoco el avance en combatir la pobreza farmacéutica es suficiente, o las inversiones en mejora de infraestructuras que contemplen establecer rutas seguras para la continuidad asistencial.
Las Comunidades Autónomas son las responsables del 92,6% del gasto sanitario total y estas partidas no figuran en los PGE. Pero los presupuestos generales son la hoja de ruta a seguir.
Si hubiera voluntad política, se podría haber creado partida específica y finalista para recuperar la Atención Primaria y la Salud Pública, a distribuir entre las CCAA, y de monto suficiente de forma similar a la partida para las vacunas y dotada de 1011 millones de €.
Estas y otras importantes ausencias en los Presupuestos Generales del Estado nos señalan claramente que no se garantiza una mejora sustancial en la financiación del SNS lo suficiente como para superar los años de recortes y privatizaciones, ni para adaptarnos a una nueva normalidad que debe incluir los riesgos ante nuevas epidemias o recurrencias de las ya padecidas8.
8: Necesitamos más y mejor sanidad Pública
Frente a una derecha extrema que, mientras oscila entre posturas negacionistas y mantener la prioridad del mercado, demagógicamente reclama más libertad mientras promueve políticas segregacionistas contra poblaciones vulnerables o populares (caso de Madrid), no podemos apoyar como mal menor y dar por buenas todas y cada una de las acciones del gobierno de PSOE-UP.
Si potenciar la Sanidad Pública es una necesidad, en tiempos de pandemia se transforma en urgencia. Porque la salud del pueblo debe ser la ley suprema y tiene que prevalecer sobre las leyes del mercado. Ante las debilidades estructurales de la Sanidad Pública, desnudadas por la Pandemia, y que amenazan el derecho a la salud, necesitamos más y mejor Sanidad Pública. Necesitamos más presupuesto para cubrir necesidades. Precisamos más personal, infraestructuras e insumos. Y debemos recuperar lo privatizado.
Hay que asegurar a toda la población el acceso a las vacunas y nuevos tratamientos que llegarán próximamente. Para asegurar este acceso debemos cambiar las reglas del juego, que en las últimas décadas han favorecido a la Gran Industria farmacéutica con ganancias desmesuradas y abusivas gracias al monopolio y abusos de patentes. Y la respuesta también debe incluir la creación de una industria pública de medicamentos, tecnología y productos sanitarios que impida que la sociedad quede desprotegida por un mercado globalizado regido por el beneficio.
Necesitamos empleo de calidad para sus trabajadoras, eliminar la tasa de reposición, aumentar plantillas, y establecer planes de recursos humanos que doten y aborden las necesidades del hoy y del mañana.
Urge fortalecer la Atención Primaria, implantando medidas siempre postergadas, con un aumento de la financiación hasta alcanzar el 25% de toda la inversión en Sanidad. Es necesaria también una reforma y un refuerzo importantes de los servicios de Salud Pública, responsables en última instancia del rastreo, estudio de contactos y aislamiento de los casos a nivel poblacional, y que sufren un nivel de colapso y saturación al mismo nivel que la atención primaria.
La pandemia ha colocado la salud en la agenda política, señalando la importancia de una Sanidad 100×100 Pública, universal, de calidad y accesible para la población. Pero para situar la Sanidad como sector fundamental de la Nueva Economía Social, necesitamos de la participación de sus trabajadoras y de las vecinas, pacientes y usuarias.
Pensamos que hay motivos de sobra para la movilización, pero entendemos que estas luchas hay que llevarlas a cabo con la participación de todas las categorías sanitarias y de la ciudadanía dentro del marco de la defensa a ultranza del fortalecimiento de una Sanidad Pública de calidad.
Somos conscientes que el momento pandémico no facilita la participación. Por este motivo, valoramos positivamente el surgimiento de nuevos movimientos autoorganizados de trabajadoras sanitarias en defensa de mejoras de las condiciones laborales, ligados a una defensa de la Sanidad Pública, como es el caso del colectivo de residentes, así como la convocatoria de huelga de Osakidetza.
Vemos con esperanza la reciente movilización en Madrid que recupera las mejores tradiciones de la Marea Blanca, incorporando personal sanitario y ciudadanía, reuniendo un nutrido grupo de organizaciones para reclamar por una Sanidad Pública de calidad , sin ladrillazo, con una Atención Primaria potente y sin precariedad.9
Desde Anticapitalistas, pensamos que una salida favorable a las clases populares, frente a la crisis desencadenada por la COVID-19, pasa por organizarnos, reforzar asociaciones, sindicatos, y plataformas que defiendan la Sanidad Pública.
Porque la Sanidad no se vende, se defiende.
Hemos creado recientemente el Área de Salud y Sanidad de Anticapitalistas, si te interesa participar escríbenos un correo a: sanidad@anticapitalistas.org
Puedes descargar nuestro nuevo Texto de Combate «La crisis sanitaria de la COVID 19: Una perspectiva anticapitalista», en el siguiente enlace: https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/
Notas:
1 http://www.alianzasaludcomunitaria.org/covid-19-una-respuesta-comunitaria-para-una-pandemia-social/
2 Tasa de reposición: mecanismo que impide suplir las bajas por jubilaciones, fallecimientos, excedencias, etc. acumulándose pérdida estructural de plantilla de empleados públicos, con imposibilidad de aumentos de plantilla
3 https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/29/dof/spa/pdf
Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
5 https://saludporderecho.org/wp-content/uploads/2020/11/Comunicado-M%C3%A1s-Sanidad.pdf
6 http://noessano.org/es/wp-content/uploads/2020/07/Posicionamiento_NES_Com_Rec.pdf
7 https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/docs/EGSP2008/egspPrincipalesResultados.pdf
“Las 25 organizaciones de + Sanidad recordamos que el incremento en gasto sanitario de 64 euros por habitante al año que contiene el borrador de los presupuestos está muy lejos del necesario aumento de 1.000 euros por habitante al año que venimos reclamando entre nuestras recomendaciones.”
