Comunicado de Anticapitalistas Aragón
El pasado viernes 20 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la decapitación de Juan de Lanuza, se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional que anula 23 de los 34 artículos de la Ley de Derechos Históricos de Aragón. En la sentencia se rechaza que Aragón sea una nacionalidad histórica de naturaleza foral, que la bandera autonómica ocupe el lugar preferente en los edificios públicos, el derecho histórico a que regresen todos los bienes fuera de la Comunidad o la consideración del agua como patrimonio común de Aragón.
Desde Anticapitalistas Aragón expresamos nuestro profundo rechazo ante esta sentencia, que viene a sumarse a toda una serie de decisiones judiciales enfrentadas con la soberanía territorial y de los pueblos, y que tumba una Ley que había sido aprobada por amplia mayoría en las Cortes de Aragón. La decisión ahonda en la ola autoritaria y disciplinante protagonizada por sectores reaccionarios que intentan imponer una uniformidad españolista ficticia, negando una realidad que es plural y tratando de aniquilar las identidades diversas.
Quedan demostrados, una vez más, los márgenes cada vez más estrechos del Estado español, que no sólo no es capaz de afrontar políticamente el conflicto catalán, sino que ni siquiera puede aceptar el reconocimiento de especificidades territoriales dentro del propio marco del Estado. En este contexto, es una obligación política la denuncia de un modelo de Estado totalmente incapaz de integrar demandas democráticas y de soberanía básicas.
Durante los últimos años, la política española se ha caracterizado, entre otros aspectos, por su progresiva judicialización y por una tendencia cada vez mayor a la centralización y al autoritarismo. La espiral represiva en torno al juicio del Procés y al conflicto catalán, con la negativa del Tribunal Supremo a la excarcelación de Oriol Junqueras requerida por el Tribunal de la Unión Europea como caso más reciente, es el ejemplo más visible. Pero los casos en los que la justicia española ha funcionado como enemiga en vez de garante de la soberanía y de los derechos básicos, enfrentándose después al bochorno de ser reprendida por instituciones europeas o de derechos humanos, se multiplican: sentencias machistas, desahucios improcedentes, la reciente legitimación de despidos por enfermedad, persecución y censura de artistas, etc. Parece claro que, en el improbable caso de que un gobierno (estatal o autonómico) se atreviera a aprobar medidas que cuestionaran los pilares básicos del régimen, el poder judicial las tiraría abajo.
El hecho de que la denuncia de la Ley de Derechos Históricos de Aragón al Tribunal Constitucional haya nacido del Partido Popular y del Gobierno de Pedro Sánchez es también sintomático. El PSOE se retrata así como columna fundamental del régimen, colaborando en el repliegue españolista identitario y demostrando no tener soluciones políticas para las tensiones territoriales.
Ni la judicialización de la política ni las medidas represivas podrán jamás ser respuesta a la demanda creciente de autonomía política y reconocimiento de identidades plurales. Frente a la política del disciplinamiento, ejercemos y reivindicamos la soberanía de los pueblos.
En Aragón y en todas partes: democracia, derechos y libertades plenas.
