Comunicado de Anticapitalistas
Con el acuerdo de pensiones alcanzado este lunes en la mesa del dialogo social, el ministro Escrivá consigue el primero de sus objetivos en relación con sus planes respecto al sistema público de pensiones: el aval de CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME al retraso de la edad efectiva de jubilación.
El acuerdo se ha defendido por parte de los firmantes como el acuerdo que garantiza las pensiones del futuro y que además deroga la reforma de pensiones de 2013 puesta en marcha por el PP. Sin embargo, lo realmente conseguido por las cúpulas sindicales y empresarios dista mucho de lo que proclama la prensa y los comunicados sindicales:
- La revalorización de las pensiones según el IPC del año anterior, que se presenta como un “nuevo mecanismo de revalorización“, que deroga el índice de revalorización del 0,25% de la reforma del PP, ya se estaba aplicando, y es de hecho una victoria del movimiento pensionista, que fue quien invalidó en la calle la reforma de 2013 y consiguió que el nuevo gobierno revalorizara las pensiones según el IPC del año anterior.
- El acuerdo recoge el compromiso del gobierno de derogar el factor de sostenibilidad, que de aplicarse supondría una pérdida – acumulativa además – de aproximadamente un 0,9% anual para las nuevas pensiones. Sin embargo, recoge también el compromiso de las centrales sindicales firmantes de pactar con el gobierno en un plazo de cinco meses un nuevo “índice de equidad intergeneracional” a aplicar a las nuevas pensiones, y si no hay acuerdo en cinco meses, el gobierno introducirá en el anteproyecto de ley que convertirá en legislación el contenido del acuerdo, el índice que considere. Es más que probable que el nuevo índice sustituya el elemento demográfico presente en el índice de sostenibilidad, por criterios de crecimiento económico – PIB –, pero en todo caso perseguirá el mismo objetivo: reducir la cuantía de las nuevas pensiones con el argumento del aumento del gasto en pensiones.
- Pero es en el apartado dedicado “a alargar la permanencia en la vida activa”, eufemismo para esconder el retraso de la edad efectiva de jubilación, donde se recogen los compromisos mas detallados y específicos, en línea con los objetivos del ministro. Se trata de alargar por cualquier medio el tiempo que permanecemos trabajando, siendo el Estado español quien cuenta con la tasa de desempleo juvenil más alto de Europa, rondando el 40%, y a dificultar la jubilación anticipada voluntaria. El aumento de las penalizaciones a la jubilación anticipada voluntaria, sobre todo en los primeros meses en que puede hacerse efectiva – 24 meses antes de la edad legal – mantenimiento, aunque con ligera reducción, las penalizaciones a la jubilación anticipada involuntaria, premios – con dinero público – a la jubilación demorada, mas cuantiosos cuanto mayor es la pensión a percibir y mayores restricciones a la jubilación forzosa.
Por último, el acuerdo recoge el compromiso del gobierno – ya incluido en el Pacto de Toledo, y que ha sido una de las reivindicaciones centrales del movimiento pensionista – de que serán los presupuestos generales del estado los que asuman los denominados “gastos impropios“ de la SS, que significarán según los sindicatos firmantes, 21.000 millones de euros de transferencias del Estado a la SS.
El acuerdo deja fuera el grueso de las reivindicaciones del movimiento pensionista, empezando por la supresión de las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas forzosas con más de cuarenta años de cotización – mientras se prima hasta con un 4% la permanencia en el puesto de trabajo por cada año de demora de la jubilación –, el aumento de la pensión mínima a 1084 euros, la jubilación a los 65 años y la derogación de la reforma de pensiones de 2011, el fin de la brecha de género, la auditoría de las cuentas de la SS… y un largo etc. Y no podía ser de otra forma, por que quienes han negociado este acuerdo en nombre de los y las personas pensionistas, pero de espaldas al movimiento y contra él. Porque no es así como se mantiene un sistema público de pensiones, capaz de ofrecer pensiones dignas, justas y suficientes, sino aumentando los salarios, el SMI en primer lugar – y las cotizaciones sociales –, derogando las reformas laborales y creando empleo ecológica y socialmente necesario y de calidad, tal y como viene reclamando el movimiento pensionista.
El acuerdo aún debe convertirse en anteproyecto de ley y pasar el trámite parlamentario. El conjunto del movimiento pensionista tiene ante sí el reto y la oportunidad de mostrar ante la sociedad que el acuerdo no le representa, que no satisface sus reivindicaciones y que estas siguen vigentes y serán defendidas en las calles y plazas.
