Desde Anticapitalistas Aragón nos adherimos al manifiesto contra la ley mordaza y a los actos convocados para su derogación. A continuación reproducimos el manifiesto.
Un policía te ordena identificarte. Tú accedes, le das tu DNI y le pides su número de placa. Él te responde: «¿ah sí?, pues el número te lo voy a dar escrito en la denuncia que te voy a poner». La denuncia es por desobediencia, resistencia o falta de respeto, y por arte de magia democrática te acaban de caer varios cientos de euros de multa. La palabra del agente va a misa y recurrir la sanción te costará más de ese dinero que no tienes. Es solo un ejemplo, pero el ejemplo se repite y multiplica desde que entró en vigor la Ley Mordaza, hace poco menos de tres años. En estos 33 meses, a base de multas, presunciones de veracidad policial, abusos de autoridad y barreras judiciales, el estado ha recaudado unos 200 MILLONES DE EUROS con esa ley. Un goteo de vidas arruinadas a las que una sanción arbitraria puede dar el remate final: siempre, en su mayoría, personas pobres y especialmente desprotegidas. Esa caja de herramientas represivas deja a criterio del estado la imposición de, por ejemplo, hasta 30.000 euros de multa contra tu abuela, si su enfado por la estafa de las pensiones le lleva a manifestarse frente al Congreso.
Y no es sólo la Ley Mordaza sino toda la multirreforma penal del 2015 lo que ha permitido la multiplicación de delitos por enaltecimiento del terrorismo, la expulsión de personas extranjeras por vías legales e ilegales, las devoluciones en caliente, la criminalización de la defensa de derechos humanos, la legalización de la cadena perpetua, la manipulación del delito de odio para que cualquier expresión disidente con el sistema establecido pueda ser interpretada como tal delito. Cualquier cosa menos discutir políticamente cómo hacer de la vida digna de todas las personas una prioridad inviolable. Cualquier cosa para tirar a la basura los derechos fundamentales de todas las personas. Cualquier cosa para limpiarse el culo con unos artículos de la sacrosanta constitución (los que nos vinculan a la declaración universal de derechos humanos) y enarbolar otros (los muy españoles y mucho españoles) en nombre de la ley y el orden. Cualquier cosa para que callemos, traguemos y miremos para otro lado ante la desgracia propia y ajena.
Y más aún, no es solo esa multi-reforma penal (la última de más de 30 reformas desde el 1995, todas ellas para reprimir y encarcelar más y más) sino una declaración de guerra de los dueños del estado y el dinero contra quienes queremos verdadera seguridad. La verdadera seguridad es tener pan, techo, salud, educación, pensiones y papeles. El gobierno del miedo y el saqueo es el mayor enemigo de la seguridad. La justicia social es la mejor fuente de paz y seguridad. Por muchas leyes que cambien y delitos que inventen, los que te roban, explotan y estafan nunca velará por tu seguridad.
Así hemos llegado a un escenario que cada día añade nuevos nombres, realidades y situaciones que muestran cómo se viola a la libertad de expresión, cómo se persiguen las ideas, cómo se criminaliza a los pobres, a las organizaciones sociales, a los creadores y artistas: raperos, sindicalistas, activistas, migrantes, manifestantes… cualquiera puede ser objeto de esa represión política y social que convierte a nuestro presunto estado democrático, nacido de la Constitución del 78, en una máquina de castigar. Incluso pensar puede ser delito.
Se empieza por situaciones insólitas de personas que son denunciadas por policías, no sólo en movilizaciones ciudadanas sino en muchos otros ámbitos, por motivos tan absurdos como no tratarles de usted, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta reivindicativa.
Se continúa con la persecución a periodistas, contra la libertad de información, o legalizando expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente”, con terribles consecuencias para las personas que intentan llegar a Ceuta y Melilla.
Se acaba con una lista interminable de penas de cárcel, prisiones preventivas, montajes policiales y juicios farsa que nos permiten hablar de presos políticos, de censura, de violaciones de los derechos humanos y de un estado que multiplica los medios represivos para mantener la explotación y la desigualdad de una gran parte de la sociedad, así como para perseguir a quienes luchan contra estas injusticias.
No podemos seguir permitiéndolo. Detrás de cada sanción, condena o abuso judicial o policial de todo tipo hay todo un proyecto político, un modelo de sociedad basado en una actuación policial indiscriminada y permanente, que olvida las necesidades de las personas y machaca derechos como la libertad de expresión, de asociación y de protesta contra la injusticia.
Es el momento, y nunca ha dejado de serlo, de salir a las calles para mostrar nuestro rechazo a un entramado legislativo violador de los derechos humanos. No queremos ni Ley Mordaza ni ese Código Penal. NO a las leyes que sólo sirven para causar más daño. Exigimos su derogación. Repetimos: la verdadera seguridad consiste en tener techo, comida, educación y salud. La justicia consiste en garantizar esa seguridad y la libertad es disfrutar colectivamente esa justicia.
